El desplazamiento forzado en Colombia desde los lineamientos referenciados por el Derecho Internacional Humanitario.
El desplazamiento forzado en Colombia nos habla del uso de estrategias de terror empleadas de manera indiferenciada por parte de los actores armados para expulsar a la población y controlar territorios estratégicos: masacres, persecución y asesinatos selectivos de personas acusadas de ser auxiliadores de la guerrilla o de los paramilitares, tomas armadas de pequeñas poblaciones, retenes y control de acceso a víveres, prohibición de la circulación y de la práctica de determinadas actividades económicas o ejercicios profesionales, reclutamiento forzado de hombres y jóvenes para los diversos ejércitos, violación de mujeres, entre otros, son algunas de las situaciones que han “motivado” estos desplazamientos forzados (Castillejo citado en Villa 2006).
De esta manera, teniendo el cuenta el Derecho Internacional Humanitario (DIH), en el que se plantea que las personas civiles están protegidas durante su desplazamiento, siempre que no participen directamente en las hostilidades. En primer lugar, el DIH desempeña un papel importante en la prevención del desplazamiento. Sus normas prohíben el desplazamiento forzado de personas, excepto si es necesario por razones militares imperiosas o la protección de los propios civiles. Una política generalizada o sistemática de desplazamiento de civiles sin esa justificación constituye un crimen de lesa humanidad. Existen muchas otras normas del DIH, en particular aquellas que rigen la conducción de las hostilidades. Cruciales para proteger a la población civil, la violación de esta normativa suele desencadenar el desplazamiento de personas (Comité Internacional de la cruz roja) (CICR, 2018).
Igualmente, la CICR (2018) menciona que el DIH contiene disposiciones importantes encaminadas a prevenir de antemano el desplazamiento de las personas civiles y los sufrimientos que causa. También tiene la finalidad de asegurar que, cuando se produce el desplazamiento, los desplazados internos reciban protección y asistencia en todas las etapas de su desplazamiento. Si no se fortalece el respeto del DIH y no se hacen esfuerzos más enérgicos para proteger a las poblaciones civiles durante los conflictos armados, las cifras de los desplazamientos mundiales seguirán aumentando.
Contextualización del desplazamiento forzado en Colombia
Según Ibañez (citado en Mendoza 2012) menciona que el desplazamiento forzado y las migraciones regionales son unas de las principales consecuencias de las guerras civiles y del enfrentamiento armado por el poder. Donde Colombia es el segundo país del mundo en número de desplazados, después de Sudán. Entre 1985 y 2008, la violencia obligó a más de cuatro millones de personas a dejar sus hogares por intimidación o violencia directa.
Además este mismo autor menciona no solo su relación con la violencia, sino de la pérdida de tierras, activos económicos y vínculos con su entorno un grave problema de las víctimas del desplazamiento es la pérdida de garantías de sus derechos fundamentales. También es grave la ineficiencia del Estado para darles atención oportuna y diseñar políticas y estrategias que frenen el aumento de la población desplazada.
Por otro lado, es importante conocer las cifras de cómo está Colombia con relación al desplazamiento forzado, para identificar la importancia de hablar de este. De manera que Según los datos recogidos en el informe de Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) de los casi seis millones y medio de personas desplazadas, desde el punto de vista diferencial, un poco más del 50 por ciento de la población desplazada son mujeres (3.301.848); 2.279.576 son personas menores de edad (de las cuales 1.480.983 tienen menos de 12 años); según los datos demográficos de 2005, se estima que cerca del 15 por ciento del total de la población afrocolombiana y el 10 por ciento de la población total indígena han sido desplazadas. El 87 por ciento de la población expulsada de sus regiones vivía en el campo; algunos afro e indígenas, en territorios colectivos reconocidos por el Estado. En un país que tiene un problema agrario persistente, con una historia signada por el difícil acceso a la tierra, se calcula que 8,3 millones de hectáreas han sido despojadas o abandonadas por la fuerza. El 99 por ciento de los municipios colombianos han sido expulsores. A la luz de las cifras precedentes, no es excesivo caracterizar a Colombia como una nación desplazada.
En consecuencia, casi seis millones y medio de colombianos que han sido desplazados forzosamente de sus lugares de origen lo han sido por causa del conflicto armado, obligados a huir de sus tierras en medio del fuego cruzado, las amenazas y las retaliaciones de los actores armados; el otro perfil, que lo complementa, diría que el conflicto armado ha sido usado como instrumento de despojo y desalojo de territorios codiciados por muy variados actores. Por cualquiera de las dos causas, se ha demostrado que los excesos de violencia son también una estrategia de desplazamiento: la sevicia, las masacres, la tortura, las desapariciones forzadas, los asesinatos selectivos, las minas antipersonas sembradas en el territorio, el reclutamiento forzado de personas menores de edad; todos los actos de violencia son expulsores, todos son un mensaje imperativo que conmina a las víctimas a abandonar su lugar (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015).
Finalmente, se evidencia que el desplazamiento forzado en Colombia no es un fenómeno nuevo, y menos si se retoma a la invasión hispana iniciada en 1492, por lo que al hacer foco en los tiempos recientes ha habido diferentes fases de este fenómeno .
La primera fase de desplazamiento a gran escala ocurrió en los años cincuenta del siglo XX durante el período de conflicto político conocido como «La Violencia» que es visto como el precursor directo del conflicto actual, en el cual unos dos millones de personas huyeron de sus hogares.
La segunda fase de desplazamiento forzado tuvo lugar veinte años después —a mediados de los años setenta— cuando aumentaron los conflictos políticos a medida que la izquierda incrementaba su presencia y sus actividades y el Gobierno colombiano respondía con represión .
La fase actual de desplazamiento empezó a mediados de los años ochenta cuando parte de la oligarquía del país creó las fuerzas paramilitares para erradicar a la guerrilla. Durante esta fase ha aumentado el nivel de desplazamiento, particularmente desde mediados de los años noventa cuando los desplazamientos masivos empezaron a afectar al campo colombiano Peace Brigades International Colombia (PBI, 2010).
Analizando el desplazamiento forzado desde diferentes conceptos
Esta problemática ha azotado a nuestro país durante muchos años donde según Villa (2006) lo ubica como el segundo país con desplazamiento interno en el mundo después de Sudán, afectando a millones de personas en nuestro país, viéndose obligadas a migrar y desplazarse de los lugares donde ha crecido, trabajado, etc., violando los derechos de estas personas a no migrar, ya que diferentes grupos armados y la confrontación de estos mismos como el narcotráfico y el dominio por ciertos territorios, dejan en evidencia las debilidades del estado que ha venido “luchando” con este fenómeno a lo largo de la historia pero que las secuelas de este tipo de sucesos en las personas que lo han vivenciado son inmensas donde cabe resaltar el trauma psicosocial al que se han y siguen enfrentando ciertos ciudadanos colombianos, ya que como seres humanos somos el resultado de los vínculos y procesos de influencia que realizamos y al tener que vivenciar estos hechos deshumanizadores generan un gran impacto en la salud mental lo cual perdura en el tiempo y como seres integrales que somos termina afectando todo el sistema que nos conforma a nivel biológico, físico, mental, etc.
Asimismo, según Villa (2006) en el contexto del desplazamiento forzado es necesario entender que el miedo es parte constitutiva de las estrategias de terror empleados por los grupos armados para el control de la población. También, estos grupos terroristas usan esta herramienta como mecanismo para controlar a las poblaciones vulnerables sometiendolas en muchos casos a masacres de sus propios familiares, amigos incorporando este suceso en sus vidas y estos actos de violencia de manera imborrable donde cabe resaltar que según Martín Baro propone que de acuerdo a un suceso histórico así mismo se debe construir una psicología social consecuente en la cual nos invita como seres humanos a solidarizarnos, ejercer, estudiar, indagar y estar en la búsqueda constante sobre estos fenómenos para así finalmente encontrar o construir explicaciones desde los sistemas sociales a estas problemáticas que si bien a muchos no nos ha tocado vivenciar de manera directa, otros infortunadamente conviven con las heridas y experiencias del pasado.
Violencia
En relación con la Violencia, concepto ampliamente desarrollado por Ignacio Martín-Baró, debe tenerse en cuenta que este ha sido un fenómeno común y bastante generalizado en el continente latinoamericano, en el que Colombia, por supuesto, no ha sido la excepción. Para ponerlo en consideración con el fenómeno del desplazamiento forzado, hay que atender a lo propuesto por Nacho, quien consideró que la violencia y todo lo que ella supone no debe analizarse desde un plano individualizado y de corto alcance, sino, desde el trasfondo social, ideológico, e incluso económico que hizo que se generara a ese estado de violencia. Para ello, primero debemos examinar acerca de las principales causas de desplazamiento forzado. Así, de un informe presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en el año 2008, se recogieron las principales causas de desplazamiento forzado masivo en ese año:
“Entre las principales causas que determinaron los desplazamientos masivos
se pueden mencionar las amenazas de muerte/malos tratos psicológicos
(28%), enfrentamientos armados (22%), la muerte de un familiar por causa del
conflicto armado interno (16%) y la contaminación por armas (9%).” (CICR (2008).
Asimismo, se recolectaron datos que reflejan las causas de desplazamiento individual, los cuales indican lo siguiente:
“Las principales causas que expresaron los beneficiarios para que se
presentara el desplazamiento individual fueron las amenazas de muerte/
malos tratos psicológicos (67%), amenazas de reclutamiento forzado (11%),
y enfrentamientos armados (4%).” (CICR, 2008).
Como se vio, para ese momento las cifras no eran nada alentadoras, pues los más de 73.258 desplazados representaban un porcentaje considerable respecto de la población rural, y aunque después de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC se esperaría una importante reducción, un informe multipartidista según la CICR (2008) arrojó que desde inicios y hasta mediados de 2020, 16.190 personas han sido desplazadas en el territorio nacional, cantidad que, contrastada con las cifras dadas por la Defensoría del Pueblo en el primer trimestre de 2019, se traduce en un aumento del 96,8%, variación en extremo alarmante y que merece una respuesta efectiva por parte del Gobierno.
No obstante, sin dejar de reconocer la importancia de entender la causa última que llevó al desplazamiento de esas miles de personas, es realmente trascendente e incluso más revelador entender el trasfondo que se esconde detrás, bien sea ideológico, económico o social. Al respecto, hay que advertir que es una tarea realmente compleja, ya que no solo los grupos armados al margen de la ley son los actores causantes del desplazamiento, sino también algunos actores privados que se mezclan con la dinámicas de la guerra y optan por este tipo de acciones a fin de cobrar deudas pendientes, acometer venganzas personales o lograr beneficios económicos particulares producto de la explotación o enajenación de las tierras despojadas.
De esta manera, Naranjo (20019) antropóloga y politóloga de la Universidad Nacional, desprende que las causas del desplazamiento forzado son diversas, ya que pueden originarse en presiones por la tierra, en intereses que surgen alrededor de los megaproyectos del Estado, en la lucha por el control territorial sobre zonas ricas en metales preciosos y productos energéticos o por territorios donde se cultiven plantas alucinógenas y en general, toda una gama de intereses particulares imbricados y confundidos con los asuntos de la guerra pública sin que sea posible establecer una línea diferencial entre lo político - militar y lo individual - privado.
Respecto a las razones ideológicas detrás de cada acto de violencia, y en especial del desplazamiento forzado, se tiene que, al menos en su origen y formación, la mayoría de grupos armados se fundaron en vertientes de pensamiento de corte marxista-leninista y motivados por la revolución cubana que había ocurrido en la década de los 50’s. Indudablemente, la ausencia de participación como resultado del establecimiento del Frente Nacional influyó notablemente en su formación y alzamiento en armas. Sin embargo, después de décadas de conflicto, se hizo evidente cómo se alejaban y desviaban cada vez más de sus principios fundantes, convirtiéndose en grupos armados narcotraficantes que ya no representaban a los excluidos, sino que se representaban a sí mismos en la consecución de sus propios intereses (Baró, 1989).
Ciertamente, tenían una marcada intención de poder, entendiendo este concepto como “la posesión diferencial de recursos que permite a unos realizar sus intereses, personales o de clase, e imponerlos” (Baró, 1989) y reflejado en la ambición de poder militar, económico e ideológico, este último impuesto forzosamente a niños y adolescentes que apenas comprendían la realidad en la que vivían. Exactamente lo mismo puede decirse de los grupos armados que se formaron décadas después, incluyendo los grupos armados de extrema derecha paraestatales conocidos popularmente como los paramilitares.
Contemplado lo anterior, se puede observar la manera en que estos grupos se expusieron al reproche social cada uno de los grupos armados. Sin duda, en sus orígenes inevitablemente fueron criticados por el solo hecho de alzarse armas, pero en los años venideros presentaron serias incongruencias que los dejaron en total evidencia frente a la población civil, que solo los vio como actores radicales, violentos y barbáricos.
Polarización Social
También desarrollado de muy buena manera por Ignacio Martín-Baró, este concepto presupone la existencia de un estado de violencia habitual derivado de problemáticas sociales, económicas o políticas que deforman las relaciones sociales, y que a la postre, lastran la convivencia de los individuos que las conforman. Cuando una persona se polariza, se siente parte de un grupo y adopta su misma forma de comprender un problema, lo que lo lleva a descalificar de plano cualquier perspectiva distinta y a las personas que la manifiestan.
Como era de esperarse, la polarización social ha estado presente en nuestro país. Para no ir más lejos, nos referiremos a un punto de quiebre en la historia de la nación: la celebración de los acuerdos de paz con las FARC. Fue ese momento en el que se produjo una gran ruptura entre quienes apoyaban el proceso firmemente, y quienes tenían serias dudas sobre este. En buena medida, este acontecimiento histórico generó “una división desde arriba que se va transmitiendo poco a poco a la sociedad en general. Esa división ha llegado a los límites. Se utilizan expresiones muy fuertes para referirse al otro. Se inauguró si se quiere una fase nueva de la mentira en la política, las ‘fake news’, que no son una invención de esta década, pero la propagación en las redes sociales sí es un tema nuevo y eso especialmente en la campaña del plebiscito de 2016 se vio muy claramente (Observatorio de Democracia, 2019).
Esta polarización marcada y casi irreconciliable, se evidenció en la estrategia política de la derecha tendiente a invalidar y descalificar el proceso de paz. Algunos políticos vieron en ese momento histórico la oportunidad perfecta para apelar a las emociones más viscerales, para recordar cada una de las acciones perpetradas por las FARC (como el desplazamiento forzado) y para caricaturizar a quien pensara distinto y para verlo como un oponente digno de subestimación o menosprecio. Los que estaban a favor, también diseñaron una estrategia diseñada a convencer a como diera lugar a las personas, apoyados en una promoción y publicidad envidiable y sin precedentes. Después de todo, esto condujo a un ambiente de hostilidad en el que quienes se enfrentaron no fueron ellos directamente, sino sus fieles seguidores que llevaron la discusión a un lugar al que no pertenecía. Al respecto, vale la pena preguntarse hasta qué punto vale la pena luchar por una idea, y si hacerlo justifica la frecuente reducción de la valía del otro.
Mentira institucionalizada
Ignacio Martín-Baró siempre insistió en “la necesidad de denunciar lo que llamaría la mentira institucionalizada: la práctica corriente de distorsionar la realidad por parte de las instancias oficiales. En otras palabras, sondear la opinión pública lejos de ser un simple afán investigativo, constituyó y constituye hasta nuestros días, la cristalización metodológica de un ímpetu ético y epistemológico de Nacho (Orellana, 2008).
Con lo anterior, quiere decir que en un Estado que ostenta el poder, esa práctica de distorsión de la realidad se manifiesta en el control absoluto bien sea de los medios de comunicación o bien sea de la opinión pública en general, con la intención de hacer valer el discurso oficial de las instancias oficiales que representan el máximo organismo de poder: el Estado.
En la realidad colombiana, esta práctica ha sido bastante recurrente. Como ejemplo, se pueden recordar las veces que ha tratado de presentar (con éxito) las cifras insurgentes dados de baja en operativos o enfrentamientos armados como si se tratara de la consecución de un logro o algo que mereciera reconocimiento o gratitud. Por supuesto que el cumplimiento de la función de brindar seguridad es meritorio, pero el hecho de querer mostrar la muerte de decenas de personas como algo muy bueno, es en extremo inhumano. Y es aún más reprochable hacer creer mediante sonoros discursos una supuesta sensación de seguridad, como también lo sería si se pretendiera afianzarse en el poder sólo por éxitos militares.
De igual manera, el discurso oficial de los gobiernos de turno muchas veces ha distorsionado y negado la realidad acerca de algunas problemáticas, como el desplazamiento forzado. Este discurso se ha visto reforzado con ese afán guerrerista que durante tantos años se vio, con la proliferación de valores como el resentimiento, odio y estigmatización, y con el enaltecimiento de estos mismos como si fueran necesarios para repeler la amenaza de los grupos armados.
Trauma psicosocial, salud mental y fatalismo
Para su comprensión, es menester que los conceptos de trauma psicosocial, salud mental e incluso el fatalismo sean abordados conjuntamente. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el trauma es el producto de la exposición a los escenarios permeados por la guerra. Este trauma genera la aceptación pasiva de las condiciones de la realidad y del sufrimiento que se deriva de ella, problema por demás complejo que se define como fatalismo. Tanto el fatalismo como el trauma psicosocial son problemas de salud mental, y en consecuencia merecen ser repolitizados y ponderados nuevamente, bajo el entendido de que “la gente no “se traumatiza” sola, siempre existen individuos y estructuras responsables por comisión u omisión, y lejos de constituir problemáticas individuales, éstas atañen a todo un tejido social que ha sido vulnerado, lo que significa que la salud mental de los individuos en estas situaciones, depende de reparaciones de corte social y político (Orellana, 2008).
Como muestra, el efecto del desplazamiento forzado en la salud mental de los colombianos ha sido devastador. Desde la pérdida de la autonomía producto de la negación de su derecho de propiedad, hasta la dolorosa tarea de tener que abrirse camino en entornos totalmente ajenos a lo que estaban acostumbrados a vivir. En esa situación tan adversa, las personas desplazadas forzosamente posiblemente creerán que no tiene sentido alguno actuar de manera proactiva en el ambiente en que viven y mucho menos ponderar alternativas en razón de lo que quieren o lo que esperan.
En concordancia con lo anterior, García (citado por Abello, Amaris y otros, 2009) considera acerca de la significativa reducción del autoestima al que se enfrentan las personas desplazadas, que esto produce una “desorganización como individuo y como parte reconstituyente de una red social particular. Lo pierde todo e incluso comienza a perderse a sí mismo.
Referencias
Abello, R. Amaris, M. Blanco, A. Madariaga, C. Manrique, Turizo, Y. Martínez, M. Y Díaz, D. Bienestar y trauma en personas adultas desplazadas por la violencia política. Universitas Psychologica. Bogotá, Colombia.
Centro nacional de memoria histórica. (2015). Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá. CNMH
Abello, R. Amaris, M. Blanco, A. Madariaga, C. Manrique, Turizo, Y. Martínez, M. Y Díaz, D. Bienestar y trauma en personas adultas desplazadas por la violencia política. Universitas Psychologica. Bogotá, Colombia.
Comité Internacional de la Cruz Roja. (2018) Las personas internamente desplazadas y el derecho internacional humanitario. Ginebra
Comité Internacional de la Cruz Roja. (2017) Los desplazados internos y el derecho internacional humanitario. Ginebra
Mendoza, A (2012). El desplazamiento forzado en Colombia y la intervención del Estado. Revista de Economía Institucional. 14 (26).169-202
Baró, M (1989). Sistema, grupo y poder. Psicología social desde Centroamérica II. San Salvador: UCA Editores.
Naranjo Giraldo, G. (2001). El desplazamiento forzado en Colombia. Reinvención de la identidad e implicaciones en la cultura local y nacional. En: Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. Barcelona, España.
Orellana, C. (2008). Conceptos fundamentales de la obra de Ignacio Martín-Baró. Recordando a Nacho - Cátedra Virtual Ignacio Martín-Baró. San Salvador, El Salvador.
Villa, M (2006). Desplazamiento forzado en Colombia. El miedo: un eje transversal del éxodo y de la lucha por la ciudadanía. Revista Controversia, 187- 24.
Peaces Brigades. (2010). Desplazamiento forzado en Colombia crimen y tragedia humanitaria: informe completo desplazamiento y retorno en San José de Apartadó, Cacarica, Angelópolis y situación en Barrancabermeja. Editorial Códice
Redacción Obsdemocracia (2019). De qué va la democracia en Colombia. Observatorio de la democracia. Bogotá, Colombia.
Redacción Política. (2020).El desplazamiento aumentó un 96,8 % este año, según informe. Periódico El Tiempo.https://www.direccion.de/recuperacion-para-el-lector/
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